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El trabajo que generan los sectores relacionados con el medio ambiente alcanza 530.947 puestos en España.

Desde que en 1978 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los 30 países más ricos del mundo, realizara su primer balance sobre empleo verde, esto es, relacionado con el medio ambiente, el sector ha registrado un crecimiento exponencial, en concreto en España.

Es la principal conclusión del informe Empleo verde en una economía sostenible, realizado por la Fundación Biodiversidad y por el Observatorio de la Sostenibilidad en España. El documento, un volumen de 368 páginas, es el primer estudio detallado que se realiza sobre el empleo verde, por sectores de actividad.

En una década, el número de puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente ha crecido un 235%, pasando de 158.000 empleos en 1998 a 531.000 en 2009. Un salto cuantitativo sin precedentes que eleva la población activa relacionada con el empleo ambiental al 2,62%.

La normativa medioambiental, cada vez más exigente, espoleada por el cambio climático, parte de la tesis de que las relaciones laborales y ambientales ”se están reforzando estratégicamente para hacer frente a la crisis económica y orientar el cambio de modelo de desarrollo por sendas sostenibles”, reza el documento.

De ahí la creciente normativa europea, que sigue la estela del año 2020, cuando la UE quiere que el 20% de su energía sea renovable y se alcance el 20% de eficiencia energética.

La estrategia UE 2020 recoge precisamente que ”la salida de la crisis debería ser el punto de entrada de una nueva economía social de mercado sostenible, más inteligente y más respetuosa con el medio ambiente, en la que nuestra prosperidad reposará en la innovación y en una mejor utilización de los recursos”, recoge el informe.

Pese a que aún queda mucho para que el modelo económico y productivo en la UE y en España se base en la mejora del ciclo productivo, lo cierto es que el empleo verde no deja de crecer de la mano de una nueva normativa legal más exigente, que ha destilado su influencia en nueva legislación sobre contaminación, sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, gestión y diagnóstico.

Uno de los últimos en llegar ha sido el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Precisamente, el cambio climático ha acelerado la puesta en marcha de políticas de empleo verde a escala mundial.

”A medida que las industrias más intensivas en emisiones argumentaban sistemáticamente la pérdida de empleos para justificar su resistencia a reducir las emisiones, se desarrollaron un gran número de estudios que demostraban las grandes necesidades de puestos de trabajo que se derivaban del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre cambio climático”, recoge el documento. La actividad de mayor peso en el empleo verde tradicional en España es la gestión de residuos, que concentra el 26,4%.

La población ocupada en este sector y en el tratamiento y depuración de aguas residuales ”se ha multiplicado casi por cuatro”. Las energías renovables ocupan el segundo lugar, un sector que ha crecido de forma ”espectacular” en formación de empleos, hasta un 30%, y ”que no sólo no ha agotado su potencial de crecimiento, sino que se encuentra en los inicios de la fase de despegue. Sin contar los puestos indirectos, las renovables habrían generado ya 109.368 puestos de trabajo.

El tratamiento y depuración de aguas residuales, una industria en alza por el crecimiento de las ciudades y la mayor concentración de población en los círculos urbanos, aglutina el 11% del total de empleo verde. Dado que gran parte del cambio de modelo económico pasa por la Administración, el sector público se ha convertido en uno de los actores principales de creación de empleo relacionado con el medio ambiente.

La Administración ”responde a la necesidad de dar respuesta a la diversas y crecientes competencias estatales, autonómicas y locales sobre política ambiental, desarrollo de un marco jurídico, control y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental, etc.”.

La agricultura y la ganadería ecológicas, los servicios ambientales a empresas y a entidades (consultoría, ingeniería y auditoría ambientales), la I+D+i ambiental, la gestión de zonas forestales, de espacios naturales protegidos y la educación y formación ambiental cierran la lista de sectores que aglutinan los empleos verdes tradicionales.

Pero aquí no se para el nuevo empujón sostenible. Las tecnologías de la información, la rehabilitación y edificación sostenible, el turismo sostenible, la mitigación y adaptación al cambio climático, el transporte, la biodiversidad, los cultivos agroenergéticos o la ecología industrial son algunos de los nuevos yacimientos de empleo verde con un amplio potencial laboral. Cataluña, Madrid y Andalucía aglutinan el mayor número de trabajos relacionados con el medio ambiente.

Fuente: Espacio Forestal (25/05/2010)

Se trata de un manual técnico gratuito que la Asociación pone a disposición de los prescriptores como referente a la hora de inspeccionar y controlar la madera tratada que va a recepcionar una obra.

"El Libro Blanco de la Inspección de la Madera Tratada en Obra intenta ser un arma más para facilitar y eliminar los miedos en el uso de la madera -afirma José Miguel Solís, secretario general de ANEPROMA-. Desde la Asociación intentamos proteger el uso de la madera sin importarnos su procedencia, para evitar que un mal tratamiento de ésta derive en problemas en su duración y prestaciones. Buscamos, en definitiva, favorecer la imagen pública de la madera como material de construcción."

Cuando se va a recepcionar la madera en obra, el prescriptor necesita orientación técnica para poder realizar los controles de calidad. Tomando como referencia la normativa vigente, el manual guía le orienta sobre aspectos básicos como la documentación y verificaciones importantes en el certificado de tratamiento que deben de acompañar al material, la clase de uso que debe tener la madera en función de la ubicación que vaya a tener en la obra o los niveles de protección y de penetración y retención del producto protector, según la aplicación final que tendrá la madera.

"Es muy importante verificar que la clase de uso coincida con la que describe el certificado de tratamiento -señala el secretario de ANEPROMA y coordinador de este Manual junto a Armand Falcó-."

Asimismo, el Libro incluye información muy útil acerca de las especies de madera más comerciales y usuales, normativa relacionada con esta actividad e instrucciones de uso y mantenimiento de los productos de madera. Un ilustrativo diagrama de flujos muestra con claridad el camino que recorre la madera desde su recepción hasta que se verifica que es apta para la obra.

"Uno de nuestros principales objetivos al elaborar este Libro es atender una demanda de la Administración y de "muchas empresas públicas que operan en el mundo rural y del medio ambiente", porque recepcionan mucha madera y, en general, su personal algunas veces duda cómo realizar el control del material, explica José Miguel Solís.

El Libro Blanco de la Inspección de la Madera Tratada en Obra se puede descargar gratuitamente de la web de ANEPROMA, en la pestaña "Grupo de Trabajo 1: Biocidas" .

Se trata de una versión actualizable. Hoy la Asociación trabaja en el seno del subcomité 4 de Protección de Madera del CTN 56 "Madera y Corcho" con el fin de modificar una referencia que el Código Técnico de la Edificación hace en el capítulo de durabilidad de la madera. "Tal vez en un año y medio cambie este criterio y proceda actualizar el Manual -concluye el Secretario General de ANEPROMA-".

Fuente: madera-sostenible.com (28/05/2010)

España, tercer país europeo en potencial de biomasa, le cierra la puerta a esta energía renovable y por lo tanto a la alternativa que supone para los agricultores y ganaderos españoles actualmente en crisis.

La biomasa corre serio peligro de desaparecer del panorama energético de los próximos diez años, al no ser considerada en la Planificación Energética Nacional como uno de los pilares energéticos renovables. Este hecho puede tener graves consecuencias para los agricultores y ganaderos españoles, que ven en esta fuente de energía una clara alternativa a la crítica situación por la que atraviesa el campo español.

La biomasa es la energía renovable que presenta más retos a la hora de gestionarse. Las materias primas biomásicas deben ser recogidas, tratadas y transportadas a las instalaciones, con la necesaria eficiencia logística. Este es el hecho que la convierte en la energía renovable que más beneficios socioeconómicos presenta para el medio rural. Se estima la creación de 9 puestos de trabajo entre directos e indirectos por MW de biomasa instalado. Además, es una energía que inyecta flujos de inversión en el medio rural a través de las maquinarias, transportistas y otros agentes del mismo implicados en el proceso.

La biomasa resulta una energía muy rentable, se trata de una gran inversión renovable, puesto que cada € que se invierte implica grandes beneficios económicos en términos medioambientales y socioeconómicos. Por todo ello es una alternativa clara a la crisis por la que está atravesando el campo español.

La Planificación Energética Nacional adjudica en 2020 un objetivo de potencia para la biomasa de 1.133 MW, objetivo a compartir entre residuos y otras energías renovables consideradas noveles, que equivale al 2’95% sobre el total de las tecnologías renovables. Mientras que en Plan de Energías Renovables 2005-2010 aún vigente la biomasa tenía una importancia equivalente al 47’78% sobre el total de renovables. Esta planificación presentada el 29 de abril en el Congreso relega a la biomasa al cajón de sastre de las energías renovables.

España es el tercer país europeo en potencial de recursos biomásicos, y el sector agrario español no puede permitirse prescindir de ella, siguiendo una senda opuesta al del resto de los países de nuestro entorno, que apuestan por el aprovechamiento de la biomasa para una parte relevante de su mix de renovables.

Este nuevo desprecio al papel que puede tener el medio rural en el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, se suma a otros anteriores. El sector en su conjunto ha solicitado en numerosas ocasiones un plan específico para el desarrollo en explotaciones y cooperativas de las energías renovables, y más insistentemente en las últimas negociaciones tras la movilización conjunta. La definición de una figura prioritaria de Explotación agraria productora de energías renovables, el desarrollo de la biomasa, biogás y de los cultivos energéticos, un plan de financiación para inversiones en renovables en generación distribuida que proporcione a los agricultores y ganaderos la energía que consumen en sus explotaciones, etc, son algunas de las propuestas.

Nuestras demandas se apoyan en el articulado de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural que insta a las Administraciones a promover programas de extensión de una red de energías renovables en el medio rural. La respuesta de la Administración a este reto ha sido dispersa e incoherente.

En este momento, de dudas y debate sobre el papel que las energías renovables pueden jugar respecto al suministro energético nacional, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias quieren reiterar el apoyo que siempre prestaron a las mismas y resaltar su gran potencial como generador de empleo en el medio rural, su carácter estratégico al reducir la dependencia energética, sus beneficios medioambientales por acercar la producción al consumo y reducir la huella de carbono de nuestras actividades.

Fuente: Espacio Forestal (24/05/2010)

Menos competitivo, menos empleo y menos materia prima. Con este panorama, el futuro del sector forestal en Galicia se augura incierto. El envejecimiento y el abandono de los propios comuneros, la estrepitosa caída de los precios de la madera, la especulación urbanística, los incendios forestales, la falta de inversión y la propia crisis económica han provocado en los últimos años el abandono de los terrenos forestales y las explotaciones agroganaderas. Ante este creciente abandono del rural, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ve "inaplazable" la aprobación de una nueva ley gallega de montes. Sólo así, advierte, se podrá conseguir un modelo forestal "profesionalizado" que no se limite exclusivamente al "monocultivo" de coníferas y eucaliptos.

En esa nueva ley de montes está trabajando el nuevo Gobierno de Feijóo, que echará por tierra el modelo de gestión forestal impulsado por el BNG durante la pasada legislatura y que se basaba en la agrupación de parcelas de monte para explotarlas colectivamente. El borrador que está ultimando Medio Rural y que próximamente tratará de consensuar con el sector, prevé la entrada de capital privado en los montes, tradicionalmente en manos de pequeños propietarios. Es decir, una nueva figura societaria agrupará a los propietarios para que con ayuda inicial de la Xunta lleven a cabo la gestión de forma conjunta.

En su intervención en la clausura del IV Congreso Gallego de Comunidades de Montes en O Carballiño, el fiscal superior no quiso pasar por alto la responsabilidad de las administraciones públicas en el "declive" del medio rural. Y no dudó en cuestionar las "políticas proteccionistas a base de ayudas y subvenciones" .

Para Varela, el futuro del sector forestal pasa por potenciar el uso "multifuncional" del monte. ¿Cómo? El fiscal superior defiende el fomento de especies autóctonas, la instalación de parques eólicos, solares o de biomasa "siempre que cumplan escrupulosamente la legalidad vigente y proporcionen beneficios socioeconómicos claros y directos para la comunidad", el desarrollo de actividades agrarias y la apuesta por el ecoturismo. Además, el fiscal superior urge a las administraciones a compensar a los propietarios comuneros por las "limitaciones y exigencias" de los espacios Red Natura.

R. PRIETO - A CORUÑA

Fuente: Noticias forestales (25/05/2010)

Desde que hace meses se lanzara el primer cañonazo contra las energías renovables, la ofensiva no sólo no ha cesado sino que, especialmente en las últimas semanas, ha arreciado hasta alcanzar el grado de ofensiva en toda regla que quiere ser la definitiva. A las renovables se señala como culpables de la principal enfermedad del sistema eléctrico, el déficit tarifario. Da igual que esta lacra, el déficit, surgiera hace más de una década cuando las primas de las renovables eran insignificantes, da igual que apenas hace cinco años se generaban 3.741 millones de euros de déficit en un ejercicio en el que el conjunto de las renovables no percibían más de 1.200 millones de euros.

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Fuente: Cinco Días (21/05/2010)

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